En este número exploramos la intersección salud, género y medio ambiente. Con la intención de abrir debates teóricos y políticos desde una perspectiva crítica, dialogamos con Maristella Svampa, socióloga, investigadora y escritora argentina, reconocida por su trayectoria en el abordaje de estas temáticas.
Límbica: Para empezar, ¿cómo querés presentarte?
MS: Soy patagónica, argentina y latinoamericana. Estudié filosofía, sociología, trabajo interdisciplinariamente y con distintos tipos de escritura. Escribí muchos libros de investigación, pero también novelas que mayormente se sitúan en la Patagonia. Tengo una vocación anfibia, es decir, creo que la academia debe potenciarse y articularse con otros saberes, otras realidades, otros mundos. Trabajo colectivamente en diferentes instancias como el Pacto Ecosocial del Sur a nivel latinoamericano, el Equipo Transiciones a nivel nacional, también con abogados ambientalistas y con el colectivo Mira Socioambiental.
Mi último libro es Policrisis, cómo afrontar o cómo enfrentar el vaciamiento de las izquierdas y el avance de las extremas derechas.
L: Referís en distintos textos y entrevistas, que estamos ante un escenario de crisis múltiple, o “polircrisis civilizatoria” ¿Cuáles serían los aspectos que la caracterizan?
MS: Desde mi perspectiva hemos pasado de la extraordinaria crisis marcada por el COVID-19 en 2020 a una policrisis civilizatoria que abarca numerosas crisis entrelazadas. Hablamos así de la aceleración de la crisis climática y la crisis energética, el incremento de las desigualdades sociales -que aumentaron aún más después de la pandemia, mostrando hasta qué punto este es un mundo de superricos-.También el incremento de los conflictos bélicos e inclusive el peligro de una guerra nuclear, el peligro de nuevas pandemias en el marco de una globalización descontrolada, también el peligro de otra de las peores distopías que es el avance descontrolado de la inteligencia artificial, y por supuesto, la expansión de las extremas derechas y la erosión de los marcos democráticos. Entonces, no es que estas crisis se den de manera aislada, y esta articulación o entrelazamiento explica o puede conducir a una escalada que genere realmente escenarios de mucha incertidumbre. Ese es el concepto de policrisis civilizatoria, que yo tomo en un sentido más radical y que le da el título a mi último libro publicado recientemente por siglo XXI. En este marco, es importante subrayar que uno puede hacer un abordaje de la policrisis siempre y cuando tenga en cuenta también que lo social y lo ambiental no pueden ser considerados de manera separada. Y que ante este escenario de colapso generalizado es necesario pensar en términos de régimen socioecológico, de cambio de régimen socioecológico en un marco de transición.
L: En particular en Argentina, ¿cuáles son los conflictos más urgentes que enfrentamos a nivel ambiental ante el avance de la derecha radical?
MS: La Argentina es claramente un laboratorio en este escenario de policrisis civilizatoria, donde las extremas derechas avanzan con una política de desregulación, de supresión de derechos, y de colonización de los territorios. El impacto del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) supone una mayor explotación y desprotección de nuestros bienes públicos naturales. No es que no hubiera extractivismo en la Argentina, todos sabemos que si, hay una suerte de consenso extractivo exportador. Pero el RIGI ha venido a acelerar y multiplicar a gran escala los proyectos de minería, las inversiones en Vaca Muerta -cuando hablo de minería, hablo no solo de la minería metálica, a cielo abierto, sino también de la minería de litio-, además de proyectos de privatización de grandes represas, como la concesión, aunque fallida por el momento, del río Paraná como hidrovía. La verdad es que son muchos los conflictos que se abren en la Argentina, e insisto, el RIGI es la llave mayor de este gobierno.
Realizamos un informe analizando el primer año y medio del gobierno de Milei con la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE). Y realmente el detalle de esta regresión, de este retroceso, que implica desmantelamiento, modificación, derogación de normativas ligadas al cambio climático, a la protección ambiental, a la reducción de las desigualdades y a la participación democrática. Todo eso se ve muy afectado, sobre todo en las provincias. Los gobernadores se han subido al discurso libertario, se han envalentonado y muchos de ellos que se sentían impedidos -como en Mendoza o en Río Negro debido a la solidez y potencia de las resistencias ambientales- hoy avanzan en los territorios, criminalizan a las organizaciones y activistas socioambientales. Porque además de contar con el RIGI, cuentan con un dispositivo represivo que conlleva una militarización de los territorios y una criminalización mayor de la protesta. Entonces, es un conjunto, no podría decir que hay una dimensión u otra más amenazada. El informe [1] que hemos realizado tiene más de 60 páginas, es absolutamente contundente, muestra con seriedad cómo lo que está en juego es la democracia y la sostenibilidad socioambiental del país.
L: ¿Cuál sería el impacto en la salud de las personas?
MS: Tengamos en cuenta que como producto de la aceleración del cambio climático se producen cada vez más eventos extremos, como pueden ser olas de calor, incendios, tornados, inundaciones. Yo los llamo colapsos climáticos localizados, para los cuales una sociedad tiene que prepararse en términos de adaptación porque impactan no solo en los territorios, convirtiéndolos en una zona de desastre como ocurrió en Bahía Blanca -en un par de horas- sino también sobre la salud de las personas humanas y no humanas. En ese sentido, el gobierno de Milei ha estado desmantelando organismos públicos que apuntaban a la protección ambiental y a la intervención en el marco de estas emergencias, como la Dirección Nacional de Emergencia, donde sus 485 empleados fueron cesanteados tres días antes de que ocurriera la inundación ahí en Bahía Blanca. Al mismo tiempo, el gobierno vetó la ley de ayuda a Bahía Blanca a raíz de lo que sucedió con las inundaciones. Entonces, efectivamente todo lo que tiene que ver con el desmantelamiento de normativas, leyes, vaciamiento de organismos públicos direccionados a mitigar o adaptarse al cambio climático y sus derivaciones todo eso impacta fuertemente en la salud. Ni que hablar de que efectivamente la salud pública está siendo desmantelada a través de la reforma ultra neoliberal que se propone el gobierno.
L: Desde tu mirada, ¿Cómo impacta este contexto en los movimientos sociales feministas y eco territoriales del Sur?
MS: La Ley de Bases, que otorgó Facultades Extraordinarias a Milei hasta julio de este año, viene acompañada por un protocolo antiprotesta que aplica al Ministerio de Seguridad de la mano de Patricia Bullrich, que apunta al disciplinamiento de la sociedad, a generar miedo y a disuadir a potenciales manifestantes. No sólo por la fuerte represión sobre ellos, sino por los procesos de criminalización que se generan. De hecho, en el marco del protocolo antiprotesta ha habido en las provincias, con el avance del extractivismo en todos sus formatos, numerosos casos de criminalización. Hubo una detención arbitraria de defensores ambientales que protestaban contra la explotación hidrocarburífera offshore en la Provincia de Buenos Aires, en Camet Norte. Hubo detenciones y allanamientos en Mendoza, continúa la persecución al pueblo Mapuche Tehuelche en Chubut, también encontramos la criminalización en el Bolsón, en Río Negro en el marco de los grandes incendios, o juicios a ambientalistas en Chubut que fueron condenados.
No olvidemos que hay un plan de inteligencia al cual accedió la Revista Crisis, que ha sido difundido y denunciado. El plan de inteligencia nacional 2025, describe como objetivo de inteligencia de la SIDE al movimiento socioambiental. El objetivo del plan alcanza incluso a aquellos que propicien un cambio de matriz energética, algo que en realidad es una obligación nacional e internacional establecida por el Acuerdo de París. Por supuesto, tiene como objeto de inteligencia las comunidades indígenas e incluye a la totalidad del espacio socioambiental en donde hay organizaciones, colectivos, activistas, referentes académicos, periodistas, científicos, que son el blanco del servicio de inteligencia solo por promover mínimas acciones que se realizan pacíficamente en el marco de la defensa de nuestros bienes comunes. Entonces, realmente es muy peligroso el dispositivo de espionaje puesto en marcha, lo que pone de manifiesto la importancia de la continuidad del modelo extractivo exportador que busca violentar cualquier proceso de organización ciudadana que cuestione la viabilidad social y ambiental de esos megaproyectos.
Ilustra: Yesica Embil
L: Desde el Pacto ecosocial e intercultural del Sur hablan de Estado ecosocial, ¿podrías explicar un poco esta idea?
MS: Bueno, a ver, desde el Pacto Ecosocial Intercultural del Sur nos proponemos elaborar una hoja de ruta integral en términos de transición ecosocial. Esto quiere decir que esto abarca no solo la transición energética, sino también una transición productiva, cultural, una transición urbana. En esa línea consideramos que la base misma de una transición ecosocial tiene que ser el reconocimiento de la interdependencia, de la complementariedad, podríamos decir, la consolidación de una sociedad del cuidado, que viene asociada también a un Estado ecosocial.
Proponemos la idea de que en el marco de la policrisis civilizatoria no necesitamos menos Estado, sino más Estado. Pero no cualquier Estado, sino un Estado ecosocial que incorpore los riesgos sociales y ambientales que atraviesan nuestras sociedades y el planeta todo. En esa línea hemos venido trabajando desde el equipo Transiciones de Argentina la noción de estado ecosocial que viene propuesta sobre todo por Rubén Novol, que es uno de los economistas que forma parte de este equipo. Para decirlo de manera más sencilla, consideramos que la creación de un estado ecosocial es fundamental para asumir los grandes desafíos que plantea una transición ecosocial. El mercado no va a hacerla, evidentemente todo lo que vemos en función del mercado apunta a una mayor mercantilización y destrucción de nuestros bienes comunes, pero tampoco la sociedad autoorganizada puede llevarla a cabo por sí sola. Entonces es en ese espacio de articulación entre un Estado ecosocial y lo público no estatal, a través de la sociedad autoorganizada que se gestan nuevos horizontes de transición ecosocial. Al hablar de Estado ecosocial estamos hablando de darle un lugar fundamental a los cuidados, y por supuesto de llevar a cabo una reforma tributaria integral que resuelva los problemas de las desigualdades que viene arrastrando nuestro continente, el sur global y nuestro país en particular. Las asimetrías, también cuando hablamos de cuestiones ambientales, son también de índole social, no solamente geopolítica. Lo que vemos es que son los sectores súper ricos de las sociedades, sea del norte, sea del sur, los que efectivamente consumen más y destruyen el planeta. Entonces, claramente una reforma tributaria que apunte a la redistribución de la riqueza y que por otro lado, desde un Estado ecosocial, apunte a la reducción de los consumos de los sectores más ricos, nos parece absolutamente fundamental. No hay posibilidad de pensar la transición ecosocial si no articulamos justicia social con justicia ambiental, y sin duda el rol del Estado ecosocial es fundamental para ello.
L: Quienes hacemos Límbica creemos que es posible una praxis del cuidado que desafíe las lógicas del capital ¿Cómo sostenemos la apuesta por la igualdad en un mundo donde parece legitimarse la desigualdad y la ausencia del Estado como garante de derechos? ¿Emergen en estos momentos nuevas prácticas de cuidado?
MS: Por supuesto que hay numerosas expresiones desde abajo que apuntan a otras narrativas, narrativas relacionales contrahegemónicas, que expresan otras formas de habitar el territorio, otros lenguajes de valoración, que dan cuenta además de otros vínculos de interdependencia, de complementariedad en el marco de una acción colectiva.
Y en esa línea uno podría destacar, por un lado, los movimientos ecofeministas que se están expandiendo en todo el sur global y muy particularmente en América Latina. Lo que yo llamo los feminismos ecoterritoriales del sur, que se expresan no solamente en la lucha contra los neo-extractivismos, sino también desarrollando experiencias de agroecología. Por ejemplo pienso en el caso de La Verdecita en Santa Fe, también están aquellas que desarrollan viejos oficios en el marco de la crisis ecológica, como las mujeres que se convierten en brigadistas forestales. En Córdoba existe un colectivo de mujeres en las Sierras Chicas, Las Fuegas, que son mujeres que combaten los incendios, que entran y salen del fuego construyendo comunidad. No es solamente el combate contra el fuego en sí mismo, sino que también recogen semillas, cuentan historias, hacen un trabajo con la comunidad luego de los incendios. Han elaborado, por ejemplo, un nuevo protocolo de intervención que apunta a despatriarcalizar el lenguaje de los brigadistas forestales. Hay numerosas experiencias ligadas a la transición energética. En Colombia, de hecho, el gobierno impulsa los proyectos comunitarios ligados a la transición energética que, desde abajo y con un carácter muy local, implican una mayor autonomía y participación de la comunidad. Bueno, esto para dar cuenta de que efectivamente existen muchas experiencias faro en América Latina. Pero por supuesto también somos conscientes de la dificultad de escalar estos ejemplos que son absolutamente necesarios para pensar una transición, podríamos decir, a gran escala. Desde mi punto de vista es fundamental tener en cuenta, y esto lo desarrollo bastante en mi nuevo libro Policrisis, que estas experiencias desde abajo muestran también que es posible construir un régimen de afectividad diferente al que está planteando la extrema derecha. Un régimen que está basado no solo en la indiferencia, sino en la crueldad, en el sufrimiento de los más vulnerables, y que plantea además un distanciamiento mayor entre los seres humanos, y por supuesto, entre humanos y no humanos. Entonces claramente ese régimen de afectividad que plantea la extrema derecha es un régimen de destrucción y de separación, mientras que los nuevos lenguajes de valoración y las prácticas que ponen en movimiento los movimientos sociales, los feminismos ecoterritoriales y también los pueblos originarios, incluyen otra afectividad, una afectividad ambiental que apunta a la cooperación, a la solidaridad y la interdependencia. Estos son los punto de partida para pensar la sostenibilidad social y ambiental.
[1] Regresiones Ambientales. Bajo el Gobierno de Javier Milei 2024-2025. Disponible en https://aadeaa.org/informe-regresiones-ambientales/