La mitad de la población mundial menstrúa, en promedio, todos los meses y durante un lapso de entre cinco a siete días durante cuarenta años de su vida. Sin embargo, el tabú social alrededor de los cuerpos menstruantes nos enseña a ocultar y aborrecer nuestra sangre menstrual.
El derecho a la salud constituye uno de los derechos humanos fundamentales que corresponden a la persona humana en su condición de tal. El artículo 42 de la Constitución Nacional Argentina invoca a la protección de la salud, la libertad de elección y a la condición de trato equitativo y digno para toda la población. Sin embargo, la inclusión de las personas menstruantes de la población carcelaria alrededor del correcto acompañamiento de la menstruación como parte de su salud integral, sigue siendo una deuda.
Cárcel de Ezeiza
María Florencia de Piero, detenida e integrante del Centro de Estudiantes de Ezeiza en el Complejo IV y alumna de la carrera de Derecho y Sociología, nos relata la experiencia de la gestión menstrual en el marco carcelario.
Para empezar, “el servicio penitenciario es quien provee las toallitas menstruales” Florencia nombra la irregularidad con la que el servicio administra los apósitos, que varía entre dos y tres paquetes de ocho toallitas cada uno. Sin embargo, esta entrega no sucede todos los meses: “hay meses en que no recibimos nada”. Además, la provisión de toallitas menstruales nocturnas, tampones o elementos higiénicos sustentables como la copa menstrual, no están dentro de la prioridad en la agenda de género del penal.
Las mujeres del Complejo IV, por ejemplo, compran toallitas en la proveeduría del penal, cuando es insuficiente la cantidad que les administra el servicio. Pero los precios son elevados y la oferta es poca: los protectores diarios por veinte unidades tienen un precio de $137,70 y las toallitas estándares por ocho unidades rondan los $123 pesos. En caso de necesitar usar tampones (por diferentes motivos que van desde alergias, hasta la misma comodidad o elección de las mujeres) no los pueden adquirir en la proveeduría, y tienen que conseguirlos por sus propios medios. Las mujeres privadas de su libertad que menstrúan deben comprar estos elementos a través de un supermercado online con el dinero del peculio que cobran, dinero que muchas veces es sostén o una ayuda para sus familias que “están en el afuera”. Si alguna compañera necesita y no tiene plata, menciona Florencia, “tratamos de ayudarnos y prestarnos entre todas”.
¿Qué sucede con la limpieza e higiene de los baños en las cárceles? ¿Cómo es tratado el dolor menstrual?
Florencia cuenta que se organizan de manera colectiva para las tareas de limpieza. En cada pabellón existe el “grupo de fajina” que se encarga de la limpieza de los baños. Generalmente, la cantidad de baños en relación con las personas alojadas en un pabellón es escasa y la lavandina, que en este contexto y siempre es fundamental para la higiene, llega demasiado diluida. También los productos de limpieza que les provee el servicio llegan muchas veces con mal olor o vencidos.
Vivir el período menstrual no debería ser una tragedia costosa o dolorosa. Frente a un dolor de ovarios, o el malestar que muchos cuerpos menstruantes atraviesan durante este período, en la cárcel se suma un obstáculo tras otro para lograr alivio. Incluso para la administración de un ibuprofeno para calmar el dolor se debe pedir la consulta médica, enfrentarse a la burocracia, y a mayores riesgos en este contexto.
Florencia nos explica que conseguir una consulta ginecológica en el contexto de la pandemia es un camino difícil de recorrer. Se debe pedir una audiencia para acceder al sistema de salud, y luego atravesar las requisas necesarias para ingresar al Centro Médico, lo que finalmente resulta en una exposición tanto mayor a los riesgos.
Real acceso a la salud
En Argentina, la mitad de las mujeres gana menos de $17.900 mensualmente y el costo estimado de gestionar la menstruación en 2020 mediante la compra de toallitas y tampones fue de entre $2.900 y $3.800 pesos anuales, según los datos aportados por los equipos de #MenstruAcción y #EcoFemiData. Actualmente, hay diferentes proyectos de salud menstrual que buscan transformar la situación. Uno de los principales ejes que atraviesa los distintos proyectos es la quita del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los productos para tal fin, ya que no solo este gasto no es optativo, sino que continúa agrandando la brecha entre quienes menstrúan y quienes no lo hacen.
Como todas las desigualdades, en contextos de encierro se profundizan y recrudecen.
El acceso a la salud menstrual antes, durante y luego de la detención recae también en otros derechos fundamentales como lo son la dignidad, la integridad y la igualdad. El acceso a productos de gestión menstrual suficientes y adecuados de las personas privadas de su libertad resulta hoy un lujo, y por ello reclama solución.
Repensar la necesidad de un correcto presupuesto penitenciario en clave feminista, es imperativo para encaminarnos hacia la erradicación de la discriminación sexista en el Estado.
* Belén Romano y Josefina Gimenez Blanco son militantes de Atrapamuros – Organización Popular en Cárceles. La organización lleva a cabo talleres de educación popular en cárceles de la provincia y la ciudad de Buenos Aires, para generar herramientas de inclusión social. Todos los años editan la revista «Atrapamuros» para poner en debate distintos aspectos de la realidad carcelaria.
Referencias
Economía Femini(s)ta (Septiembre 2020). https://economiafeminita.com/menstruaccion/cuanto-cuesta-menstruar-2020-sep/